No sorprende que en la convocatoria de selección del nuevo Inversionista-Operador de Electricaribe no hayan llovido los oferentes, menos cuando para nadie es un secreto la compleja crisis financiera que envuelve a la sociedad, y la titánica tarea que asumiría el eventual adjudicatario de restablecer la seguridad energética de la región Caribe. Estas condiciones hacen que adquirir Electricaribe sea un negocio poco atractivo.

Los resultados de esta primera etapa del proceso de búsqueda, generaron muchas inquietudes, sobre todo frente al hecho de que la única empresa en manifestar interés, la multinacional italiana ENEL, aún se encuentra estudiando si presenta o no una oferta formal y vinculante, es decir, que estamos frente a un escenario incierto con opciones muy limitadas.

El contar con un único interesado en asumir la operación de Electricaribe nos deja en una nueva posición de desventaja en la que eventualmente se podrían tomar decisiones apresuradas que deriven en consecuencias negativas en un futuro. Además de esto se suman los graves cuestionamientos que tiene el Grupo ENEL por la falta de transparencia en su operación en países como Chile, Brasil, Argentina y España, donde enfrenta procesos por competencia desleal, incumplimiento de contratos, entre otros.

Y es que sumarle a la problemática que estamos viviendo actualmente, nuevas preocupaciones de esta naturaleza, no es inteligente y podría resultar contraproducente. Lo que necesitamos es destapar las cartas que tenemos y recibir con mente abierta todas las alternativas posibles que se centren en un mismo objetivo: resolver el problema eléctrico de la Costa.

En ese sentido hemos venido trabajando desde el Congreso, realizando debates de control político, audiencias públicas y presentando proyectos de ley que puedan aportar en la búsqueda de soluciones efectivas a la crisis de Electricaribe y por supuesto de la Región. Entre nuestras propuestas están el proyecto de ley 130 de 2018 Cámara con el que buscamos que se redistribuya el cargo por confiabilidad de tal manera que se puedan realizar las inversiones que garanticen la generación y prestación del servicio de energía eléctrica en el Caribe Colombiano sin desproveer la confiabilidad del sistema. Paralelamente, presentamos nuevamente el anterior proyecto de ley 183 de 2016 Senado, que en esta oportunidad recibió el número 132 de 2018 Senado, el cual tiene por objeto definir los límites máximos de participación en servicios públicos de generación, distribución, y comercialización de electricidad.

Con este proyecto de ley queremos que transitoriamente se amplíe el límite de participación en actividades de distribución y comercialización de electricidad para que empresas nacionales puedan participar en la selección del nuevo operador de la Costa. Esta propuesta la planteamos en la legislatura pasada y la volvimos a presentar en este esfuerzo de encontrar una solución al problema de Electricaribe.

Estos límites de participación fueron establecidos, sabiamente, con el fin de evitar la conformación de monopolios dentro de la cadena energética y restringen la participación de quienes ya hacen parte del mercado energético nacional en proyectos de generación, distribución y comercialización existentes. Sin embargo, teniendo en cuenta las características de la problemática energética de la Costa, y los impactos negativos sobre la misma matriz energética, que acarrearía a nivel nacional el inevitable colapso del servicio de energía en el Caribe, pusimos a consideración del Congreso de la República la posibilidad de por una única vez, y con el fin de solucionar las mencionadas problemáticas, permitir la adquisición de Electricaribe por un interesado, si lo hubiere, aún cuando esta transacción implique la superación de los límites antimonopolio con un techo del 50%.

Adicionalmente, la necesidad de asegurar la disponibilidad energética y evitar situaciones críticas como la que vivimos actualmente, exige la liberalización gradual de los mercados de tal forma que se permita implementar escenarios comerciales dinámicos para garantizar la prestación del servicio de electricidad, principal impulsor del desarrollo de las regiones. Lo anterior buscando siempre la libre competencia, sin permitir abusos de posición dominante.

Esta propuesta no busca favorecer a ninguna compañía nacional o internacional, su planteamiento, que inicialmente fue realizado en el año 2016 antes que se hablara de subasta inversa, está inspirado en permitir la participación de empresas que puedan aportar en la solución a la crisis que tenemos con Electricaribe. Acerca de las inquietudes sobre el riesgo de monopolio, vale la pena aclarar que no existe ésta posibilidad porque las tarifas de las conexiones están reguladas.

Frente al panorama en el que nos encontramos actualmente, con la precaria baraja de oferentes para la escogencia del nuevo operador, vemos más que oportuna la aprobación de este proyecto de ley que simplemente le permitirá al Caribe contar con mayores, y seguramente mejores, opciones que las que le permite la normatividad actual.

En cuanto al cambio del agente interventor me atrevo a decir que ésta ha sido una noticia que los hombres y mujeres del Caribe hemos recibido con renovada desilusión por ser una decisión con la que el gobierno nacional nos vuelve a recordar nuestro sometimiento al sesgo centralista. Desilusiona que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no haya encontrado entre los profesionales de la Costa un reemplazo para Javier Lastra, el agente interventor saliente, y haya tenido que desempolvar la permanentemente privilegiada hoja de vida de la capitalina Ángela Patricia Rojas, quien ha sido llamada a ocupar altos cargos en los gobiernos de los últimos 14 años. Sin embargo, como uno de los millones de acreedores de la mora del gobierno central, desde lo más profundo de mi corazón le deseo los mejores éxitos a la nueva designada en sus funciones.

Por mi parte, desde mi curul no me cansaré de buscar y proponer iniciativas que nos permitan a los usuarios de la Costa salir de esta grave y, en muchos casos inhumana, situación, en la que casi todas las veces ha resultado imposible visualizar y proponer soluciones. El Congreso de la República no puede quedarse de brazos cruzados y esperar que desde el ejecutivo diseñen una solución mágica, debemos continuar defendiendo estos proyectos con el fin de llevarle alternativas a nuestra gente del Caribe que tanto ha padecido con esta crisis.