La historia clínica de la salud en Colombia tiene diagnósticos cada día más preocupantes y la medicina adecuada para curar los males que padece, aún no aparece; por el contrario, en las últimas semanas le han surgido nuevos brotes degenerativos que no son de buen augurio.
Estas afirmaciones sobre el funcionamiento y la sostenibilidad del sistema de salud del país, las corroboran cifras preocupantes de un déficit que, según un estudio revelado el pasado mes de septiembre por el Ministerio de Salud, superan los $11 billones de pesos. De acuerdo con el sector, para sostener la salud en Colombia se necesitan anualmente $55 billones y solo se alcanzan recursos cercanos a los $43.5 billones; provenientes de recaudar $8,6 billones del Sistema General de Participación (SGP); $14,5 billones del Presupuesto General de la Nación; $17,8 billones por cotización de los trabajadores; $2,25 billones de rentas territoriales y $250.000 millones de otras fuentes.
Este desbalance que tiene distintos orígenes y causas, entre ellos la corrupción (considerada el más grave de todos los males) y la ineficiencia administrativa, sumados a un problema estructural del modelo de atención, solamente curativo y sin mayores desarrollos en materia preventiva.
Hoy la salud en Colombia arrastra un déficit anual que crece por encima de la inflación, debido a que cerca del 20% de los insumos provienen del exterior, según estimaciones de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI): “el déficit económico que ha vivido el sistema de salud del país se prolongará por lo menos una o dos décadas más”, lo que nos ubica frente a un panorama poco alentador.
ACEMI advierte que: “entre el dinero destinado del erario y los otros recursos que llegan para solventar los gastos médicos de los colombianos, alcanza escasamente para cubrir el diario, pero no para pagar una deuda que se acerca a los $8 billones y mucho menos para apropiar las reservas que exige la ley así como para mantener actualizada la parte tecnológica, que resulta esencial en servicios de esta naturaleza” (Portafolio).
La sumatoria de afecciones de nuestro sistema de salud continúan apareciendo como salidos de la mítica caja de Pandora, porque además de los problemas de la red hospitalaria pública ahora las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) privadas también están en dificultades y a punto de cerrar algunas, por la morosidad de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Lo grave aquí es que en un reciente fallo el Juzgado 13 civil del circuito de Barranquilla condenó a la Superintendencia de Salud a pagar $85.000 millones por el incumplimiento de 7 EPS liquidadas y desaparecidas, en favor de las cuales la Supersalud había avalado los contratos para que 39 clínicas privadas de varias ciudades capitales del país continuaran prestándole los servicios a las EPS morosas y en vías de liquidación.
Ese proceso, que avanza en los tribunales de justicia, amenaza con crecer, porque se habla de más de 120 IPS en las mismas condiciones y con el mismo propósito de demandar al Estado, en cabeza de la Superintendencia de Salud, por la protección que la Supersalud le ha dado a las EPS morosas, respaldando una deuda cuya cuantía no ha sido establecida aún.
Lo anterior sin contar los permanentes hallazgos e investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía, sobre los denominados “carteles”, de la hemofilia, del asma, del bastón y de los abuelos, por cuya vía se han ido alrededor de $20.000 millones, y el reciente hallazgo contra 10 EPS que estaban haciendo recobros indebidos al Fosyga, hecho que generó el embargo de bienes contra esas entidades la semana pasada.
Pero en esta radiografía del sistema de salud los achaques no solamente son atribuibles al Estado, a las EPS y demás actores del sistema, porque, los usuarios también tienen parte de culpa, aunque en menor escala tal vez, dado que se les atribuye el mal uso del servicio, la venta de medicamentos e insumos tales como pañales y, lo más grave, que no atienden las recomendaciones médicas para controlar enfermedades asociadas con el sobrepeso, como serían la diabetes, problemas en las articulaciones, colesterol y triglicéridos altos que afectan el sistema circulatorio y que en muchos casos causan la muerte.
Algo similar podría estar ocurriendo con los crecientes casos de muerte por cáncer de seno que en Colombia registran, según cifras oficiales reveladas el 19 de octubre cuando se conmemoró el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. En el país, indican esas fatídicas cifras, anualmente son atendidas cerca de 7.000 mujeres afectadas por ese mal, de las cuales mueren 2.500, estimándose que el 70 por ciento de los diagnósticos son tardíos y eso conlleva a la muerte.
Todo este conjunto de realidades propias de nuestro sistema de salud, nos plantea un pronóstico reservado que exige la aplicación de una reforma de fondo que racionalice el gasto, evitando la intermediación costosa e inútil y que reclama que todos los estamentos que confluyen en su funcionamiento aportemos nuestra cuota racional en el uso del servicio, lo mismo que la aplicación de la medicina preventiva, para hacer más eficiente y efectivo el sistema, a partir de una política de Estado que incluya la prevención como evento obligatorio en el Sistema de atención de Salud Pública.
