El pausado avance en la implementación de las Comunidades Energéticas (CE) en Colombia se ha convertido en una de las grandes deudas de la política de Transición Energética Justa, que no ha logrado dar el paso definitivo a una auténtica democratización de la energía, que permita garantizar el bienestar, la autonomía y el protagonismo comunitario. Las barreras que han rodeado el desarrollo de estos proyectos deben dirimirse con la participación activa y vinculante de los territorios; de lo contrario, corremos el riesgo de reducir la transición energética a una narrativa estéril de modernización y sostenibilidad.
Más que discursos de inclusión, se necesita una transformación profunda en la manera en la que se planifican, financian y ejecutan los proyectos de Comunidades Energéticas. Una tarea compleja que requiere acompañamiento continuo, financiamiento sostenible y participación de todos los actores, entre ellos gobierno, gobernaciones, alcaldías, empresas privadas, ONG y por supuesto las comunidades locales, quienes son las protagonistas en el desarrollo y la gestión de las CE.
El interés de las comunidades por unirse para poder generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables -(Fncer)-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos es palpable; así lo confirma la convocatoria realizada, el año pasado, por el Ministerio de Minas y Energía, cuyo registro superó las 18.000 Comunidades Energéticas. Sin embargo, lograr la materialización de los proyectos comunitarios es uno de los grandes retos que tiene el gobierno.
A pesar de los avances normativos que se han dado, persisten obstáculos en los trámites, licencias y en la estabilidad jurídica de los proyectos, al igual que las dificultades socioeconómicas y técnicas. Muchas de las comunidades interesadas se enfrentan a un laberinto de trámites, ausencia de acompañamiento institucional y escasas oportunidades de financiamiento. En este contexto, resulta fundamental promover procesos de formación a los miembros de las comunidades, especialmente de áreas rurales o aisladas, que fortalezcan sus capacidades para formular, ejecutar y gestionar proyectos de energías limpias.
Aunque recientemente se han lanzado nuevas iniciativas como la convocatoria de Comunidades Energéticas Innovadoras —impulsada por el Ministerio de Minas y Energía, el Grupo Ecopetrol a través de su Red de Innovación Econova, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación— con una inversión superior a los $11.000 millones para desarrollar cuatro proyectos, estos esfuerzos siguen siendo insuficientes frente al alcance nacional que se requiere. Para que las CE no se queden atrapadas en la burocracia, los obstáculos financieros o una visión tecnocrática que excluye a los territorios, es fundamental que su implementación se fortalezca desde todos los niveles: institucional, social y territorial.
La compleja coyuntura energética que atraviesa el país demanda un avance urgente y decidido en la política pública de democratización del acceso a la energía eléctrica. Superar estos retos requiere un enfoque integrado que incluya el diseño de políticas efectivas, la formación y el empoderamiento de las comunidades para liderar proyectos renovables, así como una gestión eficiente que garantice el acceso real a los beneficios del nuevo modelo. También, resulta imprescindible fortalecer la infraestructura del Sistema Nacional Interconectado, actualmente insuficiente para incorporar de manera efectiva los proyectos impulsados por las comunidades energéticas.
Publicado en: Diario La República
