El destino del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe ha sido objeto de múltiples debates e iniciativas en los últimos días; quizás el más relevante de ellos fue el que realizamos en la Comisión V del Senado de la República, donde no solo se identificaron los problemas que afectan al sistema eléctrico en la región, sino que también se plantearon algunas fórmulas de solución a la actual crisis.
Una de esas iniciativas de solución fue propuesta por mi y será materia de un proyecto de Ley que presentaré junto al Senador David Barguil ante el Congreso de la República, para darle al quebrantado sistema de nuestra Costa Atlántica, una solución confiable y viable, que permita además llevar a la práctica en este momento de crisis la teoría del denominado “Cargo por confiabilidad” que pagamos los colombianos en la factura de energía y en nuestro caso en el recibo de Electricaribe.
Nuestra propuesta tiene como bases los lineamientos establecidos en la Resolución 071 de 2006, expedida por la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) en desarrollo de los literales a, e, i, n, del artículo 23 de la Ley 143 de 1994 (Ley de Servicios Públicos) y cuyo objeto es definido como un esquema de remuneración, que permite hacer posible la inversión en los sistemas de generación eléctrica, para garantizar de manera eficiente la atención de la demanda de energía, cuando las condiciones de abastecimiento sean críticas.
Ese recaudo, concebido como una especie de “póliza de seguro” que pagamos los usuarios a manera de prima mensual, para garantizarnos la normalización del servicio ante contingencias del sistema, bien puede ejecutarse en nuestro caso, teniendo en cuenta la evidente emergencia que representan las condiciones de iliquidez que afectan a Electricaribe, en parte por el incumplimiento en el giro de subsidios por parte de la Nación y teniendo en cuenta los problemas propios de su ámbito de cobertura, estimado en el 30% del consumo de energía del país.
Para ello, desde luego, se requiere de una transformación de las disposiciones vigentes, razón por la cual estamos proponiendo una reforma, para convertir el “Cargo por confiabilidad” en una contribución del orden nacional, con el fin de financiar el déficit de subsidios eléctricos (más 1,6 billones anuales), mantener el apalancamiento a las termoeléctricas y financiar las inversiones necesarias para garantizar el servicio de energía del Caribe Colombiano.
Esta iniciativa podría surtir los 4 debates requeridos en 2 meses y ser sancionada en diciembre de este año, para entrar en vigencia a partir del 1º de enero de 2019.
Nuestra inclinación por esa modificación, obedece, además de la evidente crisis de nuestro sistema eléctrico, cuyo destino hasta ahora es incierto, al hecho de que desde cuando se creó el “Cargo por confiabilidad” se han recaudado alrededor de 18 billones de pesos, sobre cuya ruta y destino los órganos de control y fiscalización no dan cuenta.
Por eso, con la reforma planteada, proponemos que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) realice el recaudo y trasferencia al Tesoro Nacional y que de esos recursos se destine el 40% para los subsidios de los estratos 1 y 2, el 35% para remunerar el cargo por confiabilidad, con base en el precio de escasez por cada fuente de generación dado por la CREG y el 25% restante para proyectos de inversión que garanticen generación y prestación del servicio de energía eléctrica en el Caribe Colombiano.
Confiamos en que esta iniciativa le generará al sistema eléctrico de la Región Caribe no solamente los recursos que requiere para salva esta crisis sino también la estabilidad necesaria para proyectar las necesidades futuras, con un servicio eficiente, confiable y seguro.
