El complejo fenómeno del contrabando de cigarrillos en Colombia ha crecido a un ritmo alarmante, y su impacto no se limita solo al ámbito económico, sino que también se extiende a la seguridad nacional y la salud pública. Con su proliferación se siguen fortaleciendo los grupos armados y las estructuras criminales que se encuentran detrás de este grave delito. De ahí, la urgente necesidad de intensificar las acciones que se vienen realizando e implementar nuevas estrategias contra el comercio ilícito de cigarrillos.
El reciente estudio realizado por Invamer para el Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos (FND) reveló que el 36% de los cigarrillos consumidos en Colombia durante 2024 fueron de contrabando. La cifra más alta registrada desde el año 2016, con un crecimiento de seis puntos porcentuales en los últimos cinco años. El hecho de que el 80% de las personas encuestadas haya adquirido cigarrillos de contrabando en tiendas de barrio y que el 64% de los consumidores se sientan satisfechos con este producto ilegal, refleja una aceptación social preocupante hacia el mercado ilícito y el auge de este mercado en Colombia.
Esta situación no solo impacta negativamente la salud pública, sino que también refuerza la economía de las organizaciones criminales que se benefician de la ilegalidad. Los grupos armados y las organizaciones criminales que controlan este comercio ilícito aprovechan la falta de control y la corrupción, para fortalecer sus actividades delictivas y perpetuar su influencia en las distintas regiones del país. Combatir este problema, requiere compromiso y cooperación entre autoridades locales e internacionales, así como el respaldo de los colombianos.
Las pérdidas generadas por la evasión del impuesto al consumo de cigarrillos están impactando directamente las inversiones en salud, educación y deporte en los departamentos, debilitando a los gobiernos locales, que hoy en día dependen más que nunca de estos recursos. Es así que la tarea de combatir el consumo ilegal del tabaco es una responsabilidad compartida por todos los ciudadanos, quienes deben concretizarse acerca del impacto de este delito, rechazando la cultura de la ilegalidad y defendiendo los recursos para la inversión social, a través de las denuncias de toda distribución, oferta y compra ilegal.
Para realizar un verdadero sistema de control del comercio ilegal con resultados contundentes es necesario aumentar los operativos de fiscalización y control en las regiones más afectadas, mediante una colaboración estrecha entre la Federación Nacional de Departamentos (FND), la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la Armada Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales. Se necesita la implementación de un enfoque integral que combine medidas de control más estrictas en las fronteras, fortalecer la presencia del Estado en las zonas de mayor afectación, y aplicar tecnologías de monitoreo y rastreo que dificulten el paso de estos productos ilegales. Además, se deben implementar políticas educativas de concienciación y una intervención más decidida en las zonas donde este comercio es más prevalente.
Solo a través de un esfuerzo constante y sostenido podremos enfrentar de manera efectiva el contrabando de tabaco.
Publicado en: Diario La República
