En la antesala de la posesión de Iván Duque como Presidente de la República, considero necesario recordar una visión ampliamente conocida de los sinsabores e incumplimientos que nos ha dejado el paso del saliente gobierno de Juan Manuel Santos.

La lista de promesas incumplidas es larga, no solamente con la Costa Caribe sino con todo el país, donde a lo largo de ocho años fueron realizando compromisos que se quedaron en el aire, incumplimientos que en muchos casos marcaron retrocesos, lo que le hace más complicada la tarea al nuevo Presidente, de quien esperamos logre enderezar el rumbo.

Los incumplimientos y desaciertos de Santos con la Costa Caribe, nos han dejado un mar de tinieblas lleno de embravecidas olas de indignación y protesta, como consecuencia de la deficiente prestación del servicio de energía por parte de Electricaribe y por la falta de conocimiento y tacto de los Ministros de Minas de ese gobierno, que dejaron agravar la crisis, llevándola al punto en que se encuentra hoy, con alertas que pronostican un apagón aparentemente irremediable y con un gran pleito por la manera como se abordó el problema con la empresa de energía.

No sobra recordar que hoy el tamaño de los desaciertos de Santos y sus Ministros de energía suman 1.600 millones de dólares (unos 1.370 millones de euros) que Naturgy reclama como indemnización, en su demanda contra el Estado colombiano ante los tribunales de arbitraje internacional, por la equivocada y fracasada decisión de hace más de un año de intervenir y liquidar su filial Electricaribe.

Y es que tal como lo dije hace varias semanas en mi columna habitual: “Para nadie en Colombia es un secreto que desde hace años, el dolor de cabeza de la Costa ha sido Electricaribe”, de tal manera que refrescando ese pronunciamiento, hoy vuelvo a manifestar que “lo mínimo que esperamos de la recién nombrada Ministra de Minas y Energía es que se ponga la camiseta de nuestra región y asuma con liderazgo esta gran problemática”.

Pero Electricaribe no es el único “chicharrón” que debe abordar el nuevo Gobierno, porque Santos y su equipo económico calcularon con frialdad la congelación de un proyecto de la envergadura de la APP del río Magdalena, cuyos beneficios no solamente correrán hacia Bocas de Ceniza y el puerto de Barranquilla, sino que, aguas arriba representan la redención para los puertos y pueblos ribereños de la Región y del interior del país, hacia donde entró el desarrollo en los tiempos en los que el río era navegable y hacia los cuales retornaría esa bonanza si se revierten las condiciones del otrora majestuoso Río Grande de La Magdalena.

Como si lo anterior fuera poco, Santos nos deja un país con una grave crisis humanitaria producto de la llegada de miles de venezolanos a Colombia y unas zonas limítrofes llenas de terroristas, delincuentes y contrabandistas, que han llegado a muchas de nuestras ciudades; en particular las de la Región Caribe, con un mercado de miserias y dolor; un triste drama humanitario que está afectando la economía y la seguridad en nuestro territorio, como consecuencia de la flaqueza y holgura con que el Gobierno trató el problema con Maduro.

Sería interminable continuar con este memorial que busca que se desagravie al país por la preocupante realidad que hoy vivimos, especialmente en los campos y en todas las periferias de nuestra geografía, donde observamos un sistema de salud moribundo, debido a la falta de desembolso por parte de los pagadores que a corte de diciembre de 2017 habían dejado una deuda de $8.2 billones con las IPS, estrangulando el servicio impunemente y aumentando el reclamo vía tutela, sin que el garante de la buena marcha del servicio, el gobierno, cumpliera sus funciones de control. Hoy el panorama es dramático, visto en la práctica y tal como lo afirman entidades del sector, entre otras, la Asociación de Clínicas y Hospitales de Colombia (ACHC) que le han pedido al nuevo Gobierno pronta intervención para resolver la crisis.

Preocupa también lo que sucede con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), sobre el cual en los últimos días, ante el acrecentamiento de la crisis que habla de alrededor de un millón de niños sin recibir los beneficios del programa, el Procurador General ha dicho que “el PAE está en riesgo de suspensión en varias regiones”. Son pronósticos que tienen asidero en el hecho de que el Gobierno Santos le trasladó a los Departamentos la responsabilidad del PAE (pero sin recursos) y de ello da fe la Procuraduría cuando afirma, en un reciente informe que: “Aproximadamente el 82% de los municipios del país presentan una capacidad financiera limitada y carecen de recursos propios que puedan aportar para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, por lo que dependen también en buena medida, de los recursos que se les asignen a través del Sistema General de Participaciones para poder impulsar el programa en sus territorios”.

La parálisis del PAE, según Fecode, significa la imposibilidad de aplicar la jornada única, porque resulta materialmente imposible que los niños reciban 8 horas diarias en los planteles, porque faltarían 18 millones de meriendas y nueve millones de almuerzos; faltante que, de aplicarse dicha jornada, se sumaría a la situación actual.

Un panorama similar quedó planteado con el programa “Ser pilo paga” (SPP) cuyos visos de inviabilidad se reflejan en el crecimiento de los costos, calculados inicialmente en matrículas del orden de los $4 millones, pero que en la practica, por las carreras o las universidades privadas escogidas por los estudiantes favorecidos, pasaron a un promedio de $10 millones. Los primeros campanazos de alerta sobre el SPP lo han dado estudiantes que han reclamado al Ministerio de Educación y al propio Presidente Santos, mediante cartas, en las que se han quejado (en su momento) de no haber recibido los subsidios correspondientes a su sostenimiento, por lo cual han pasado física hambre y han afirmado que esas dificultades les impiden tener buen rendimiento académico, lo que podría llevar a algunos a la deserción. Sumémosle a esto el hecho de que la mayoría de los recursos de SPP están dirigidos a universidades privadas, lo que encarece los costos e impide la ampliación de los cupos que podrían obtenerse con esos recursos en la universidad pública.

Por eso hoy, al tiempo que hago este breve recuento de lo que en otras latitudes podría considerarse una tragedia nacional, hago un llamado para que consolidemos con nuestro respaldo una buena gestión por parte del Presidente Iván Duque, convencidos y seguros de que con el saneamiento y el enderezamiento de las fallas cometidas, podamos vivir un posconflicto con la paz y la prosperidad que nos merecemos los colombianos.