Son más de 50 años los que lleva la Costa Caribe esperando las obras de recuperación y restauración integral del Canal del Dique. Aunque múltiples obstáculos han rondado la APP, en los últimos años se han logrado importantes avances que nos acercan a su materialización. Sin embargo, esta semana la semilla de la traición al Caribe volvió a germinar con el anuncio de la suspensión de las vigencias futuras para el proyecto, que podría dejarlo nuevamente empantanado.
Como un baldado de agua fría nos cayó el decreto publicado por el Ministerio de Hacienda, que recorta y aplaza vigencias futuras de importantes proyectos, entre ellas los $710 mil millones que debían destinarse para la recuperación del canal. Con este nuevo golpe a la región, retorna la preocupación por el futuro de la megaobra que lleva años sin poder concretarse, aumentando la deuda que tiene el país con los habitantes de la ecoregión, al tiempo que se agrava la crisis debido a las emergencias que se pueden seguir desencadenando en la zona de influencia.
Comete un grave error el gobierno, al generar esta incertidumbre, exponiendo el actual contrato a una liquidación anticipada. La incertidumbre por los retrasos en el proceso de licenciamiento ambiental tiene en zozobra a las comunidades ribereñas de municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre, quienes temen un nuevo fracaso del proyecto y con ello la posibilidad de peores inundaciones y graves daños ambientales. Todavía padecen las secuelas del desastre ambiental producido por las inundaciones del 2010 y el 2011, que dejó pérdidas al país por 11.2 billones de pesos, el equivalente a 2 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB.
Hace exactamente un año la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) exigir una licencia ambiental al megaproyecto. Así sin más ni más, se inició un nuevo boicot a la obra que será la solución definitiva a la problemática del Dique, que afecta a los habitantes de los 19 municipios del Atlántico, Bolívar y Sucre, aplazando, de manera indefinida, el inicio de la construcción, que debió empezar el pasado mes de enero de 2025.
El Gobierno del Presidente Petro solo ha puesto trabas para el avance de este proyecto, con esta nueva decisión se afecta gravemente la seguridad jurídica de las inversiones para la recuperación del Dique y de otras importantes obras de infraestructura en el país. Un nuevo aplazamiento del inicio de las obras por falta de recursos sería catastrófico, no solo por las demandas que traería a la Nación, sino también por el impacto que tendría sobre el medio ambiente, la competitividad, la conectividad y el desarrollo socioeconómico de los colombianos, su no ejecución.
Pedimos al Gobierno no desandar el camino hasta ahora avanzado en este megaproyecto, el Caribe exige certidumbres y garantías. Dejarlo sin vigencias futuras, con un aplazamiento indefinido es colocarle una lápida a los municipios ribereños.
