Si en los sectores de energía y gas natural llueve a cántaros, por el lado del gas licuado de petróleo (GLP) no escampa. El déficit que presenta el sector debido a la ausencia de subsidios al consumo de GLP distribuido por cilindros, que el Gobierno debía transferir desde el año pasado, está a punto de llevar a decenas de miles de familias a regresar al uso de combustibles altamente contaminantes para subsistir, poniendo en riesgo la salud, el medio ambiente y el desarrollo.

La negligencia respecto al tema de los recursos para los subsidios del gas LP no es nueva; desde el año pasado, cuando no fue incluido en el Presupuesto Nacional 2025, se hicieron sonar las alertas sobre el desinterés del Gobierno por este mercado, que beneficia a los usuarios más vulnerables del país, quienes llevan años intentando salir de la miseria que acompaña a la pobreza energética. Observamos la gran contradicción que significa en política social que el Gobierno siga haciendo la vista gorda ante la necesidad urgente de cubrir ese faltante que beneficia a los más pobres.

Hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda no ha girado a las empresas el pago de subsidios del segundo semestre de 2024, que ascienden a 68 mil millones de pesos, así como tampoco ha pagado la deuda del primer trimestre del 2025, que supera los 27 mil millones. Este déficit amenaza en aumentar los costos del GLP en hasta un 50%, es decir, que un cilindro de gas de 40 libras que hoy cuesta $44.000 pasaría a $88.000. Una afectación directa a las más de 675.000 familias de estratos 1 y 2, con escasos recursos, que reciben este beneficio en seis departamentos del país.

La crisis de las empresas es tal que recientemente anunciaron que, si no reciben el pago de los recursos, podrían dejar de operar. Es inadmisible que el Gobierno siga ignorando esta crisis y no esté dispuesto a buscar soluciones. Es obligación del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional, tal como lo establece el artículo 365 de la Constitución Política. También es deber de la Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas, según reza el artículo 368 de la Carta Magna.

Al traste se podrían ir los esfuerzos de todos estos años con los programas de sustitución de leña y carbón que han facilitado el acceso al GLP de millones de familias. El gas LP se ha convertido en una fuente energética con un gran potencial para la transición a energías limpias, su utilización es fundamental para lograr el desarrollo sostenido del sector eléctrico, avanzar en la reducción de la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero y la disminución de enfermedades atribuibles a la contaminación del aire.

Exigimos el pronto pago de los compromisos adquiridos con las empresas comercializadoras y la apropiación de recursos para los pagos de este año. Esperamos que el Gobierno tome las decisiones correctas para asegurar la oferta y la atención de la demanda de GLP del país sin sumarle más gastos a los hogares colombianos.