Superar los desafíos que demanda la correcta implementación de las Comunidades Energéticas (CE) en el país, constituye uno de los grandes retos de la política de Transición Energética Justa que promueve con bríos el gobierno del presidente Gustavo Petro. Tarea que no será fácil, pero que empieza a avanzar con la expectativa de exitosos resultados.
Las Comunidades Energéticas, definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, como un grupo de usuarios que se podrán unir para generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables -(FNCER)-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos; tienen como principal propósito impulsar la democratización de la energía eléctrica en el país.
La tarea no es sencilla y las cifras así lo evidencian. En la medición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IPME), realizada el año pasado por Promigas, se reveló que 9,6 millones de colombianos se encuentran en situación de pobreza energética. Fue precisamente el propósito de reivindicación con las miles de familias colombianas que no cuentan con el servicio de energía en sus hogares, el que nos llevó a abanderar, desde el Congreso de la República, la lucha por el desarrollo de las energías renovables. Aunque el camino sigue siendo largo y la implementación va en cámara lenta debido a los distintos obstáculos, en los últimos meses se han vislumbrado importantes avances en la reglamentación del establecimiento de las CE.
Con la definición de las CE en el Decreto 2236 de 2023 del Ministerio de Minas y Energía se establecieron los requisitos que deben cumplir para su constitución y operación, el primero de los pasos para su despliegue. Pese a que no se alcanzó la meta de postulación de 20.000 comunidades energéticas, el primer ciclo contó con una buena aceptación, finalizando con el registro de más de 18.460 CE. Ahora hay que llevar estas cifras a la realidad.
Mientras se avanza en la regulación y se discuten aspectos como el límite máximo de potencia para la Autogeneración Colectiva y Generación Distribuida Colectiva, que están siendo definidos por la Unidad Planeación Minero Energética (Upme), hay que estudiar los importantes retos que tendrá que sortear la autogeneración colectiva. El primero de ellos, consiste en garantizar el favorecimiento de las comunidades más vulnerables, para ello es importante que exista claridad en los procesos de selección. El alto número de postulados demanda una revisión eficaz y efectiva de los procesos, de tal manera que no se dilaten los tiempos. Otro de los retos es la educación y capacitación de las comunidades en el desarrollo de proyectos renovables y la gestión para obtener los beneficios de este nuevo modelo, y por último, la conexión de los proyectos de las Comunidades Energéticas al Sistema Nacional, que carece de infraestructura.
En medio de la actual coyuntura energética, de altos precios, deficiencia en el servicio y riesgos de desabastecimiento, resulta oportuno apostarle al avance de la política pública de democratización de la energía eléctrica. Hay que continuar uniendo esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales para ir construyendo y consolidando las CE, de esta manera estaremos asegurándole a los colombianos una verdadera transición energética justa.
