La política colombiana entra a una nueva fase de definiciones tras conocerse los resultados de las elecciones del pasado domingo 11 de marzo y realizarse el cierre de la inscripción de las candidaturas para la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

Mi partido inició una serie de consultas para asegurar que los programas que apoyaremos se ajusten a nuestra plataforma política, como es apenas obvio, siendo conscientes de las realidades de hoy y sobre la base de la confianza que emanan del Senador Iván Duque y los ex vicepresidentes Germán Vargas Lleras y Humberto De la Calle, los candidatos con los que tenemos mayores afinidades.

Es objetivo que nuestra vinculación a la campaña sea en bloque partidista y que se mantenga, para bien de la nación, los sustanciales avances que muestra Colombia en diferentes áreas de desarrollo, en especial respecto a la prosperidad y la paz, que han sido ejes en los gobiernos de este siglo en Colombia.

El Congreso quedó constituido de manera que los colombianos pueden esperar con confianza, un manejo responsable en las reformas que están pendientes. No hay motivos para incertidumbres en el modelo económico de mercado o de grave inestabilidad política si se sigue la ruta que lleva el país, que es la de elegir a un Presidente y Vicepresidente que sean garantía de estabilidad en las ritualidades democráticas y de avance en las tareas del desarrollo y la sana convivencia.

El Partido de la Unidad Nacional tiene el propósito de contribuir con sus votos y su fuerza parlamentaria a que no haya sobresaltos. La ruta para las decisiones políticas fue adoptada y está en ejecución. Esperamos el cumplimiento de las tareas encomendadas a nuestro vocero, el doctor Aurelio Iragorri, para tomar decisiones en bien de los colombianos.

Ahora miremos como vamos en el proceso de paz y la ruta para el desarrollo sostenible. La semana pasada no solo fue de escrutinios, evaluación de resultados, trabajo para los acuerdos políticos hacia las elecciones presidenciales, sino también de dos acontecimientos relacionados con la paz completa que animan al gobierno y a los colombianos. Adicionalmente, hay un hecho poco visible que me parece muy importante como fue la divulgación de las estrategias para asegurar en los próximos años el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Me refiero, en el tema de la paz, a la reanudación de las negociaciones con el ELN en Quito, que ocurrió el jueves en medio de la incertidumbre nacional o desconfianza por sus resultados, y la puesta en marcha de la Justicia Especial para la Paz (JEP), aun incompleta en su reglamentación como se encuentra. Falta su reglamento interno y los procedimientos de la Justicia Transicional. El Congreso debe legislar sobre tales asuntos.

Sea lo primero señalar que la declaración en Quito de inicio del quinto ciclo de las negociaciones contiene un esperanzador objetivo de acordar el cese del fuego mejor organizado para su control. Se cierra el ciclo el 18 de mayo, días antes de la primera vuelta en las presidenciales, lo cual no es simbólico. Dependiendo de su desarrollo y sus conclusiones, es posible que los electores tengan en cuenta el proceso para tomar sus decisiones en las urnas.

Es palpable que el proceso con el ELN no genera en la nación emociones de confianza porque está herido por las incoherencias de la guerrilla. Sin embargo, cesar las confrontaciones es objetivo central para reducir las muertes o la destrucción y de preservar el ambiente en Colombia.

Es claro que el Estado tiene que mantener la posición de fuerza capaz de doblegar la capacidad militar de los subversivos, reducción de fuerza que ha ocurrido en este siglo en Colombia, y la negociación debe partir sobre la base de que los tiempos no son eternos para abrir y cerrar ciclos. Pero, eso sí, con cese al fuego comprobado y una pronta concentración territorial de los combatientes. Es lo que la nación espera.

El mismo jueves inició sus actividades formales la JEP con 7.910 personas vinculadas, de las cuales 6.094 son de las Farc, 1.792 de la fuerza pública y 24 particulares. Se trata de un sistema todavía en entredicho y cuya operación, con el compromiso de sus magistrados e involucrados, darán las señales para que la nación le reconozca su derecho de permanencia. Lo que se espera es que den muestras de independencia, transparencia y rigurosidad, lo cual hemos puesto en duda los colombianos en los pasos iniciales para su constitución a partir de su creación.

El viernes, por otra parte, se cerró la semana no solo con las candidaturas definidas sino también con un evento que debe tener una amplia significación para la calidad de vida y la garantía de los derechos para los colombianos con metas que van allá del gobierno que elegiremos en mayo o junio. Es la presentación, teniendo como invitado a Miroslav Lajcák, presidente de la Asamblea General de la ONU, del documento Conpes 3918 llamado “Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia”.

Se trata de un texto que define la ruta para implementar los ODS en el país, además de crear un esquema de seguimiento y rendición de cuentas. Deja claro cuál será el camino para que esas propuestas lleguen a los diferentes territorios y no se queden en papel. La idea es que exista un mecanismo de interlocución con los diferentes actores y que entidades específicas se encarguen de hacerle seguimiento.

Le doy importancia a ese documento de política porque contribuye a la toma de decisiones en el Congreso, que es mi campo natural de acción, pero también a los demás agentes de desarrollo, incluyendo el sector privado, y por doce años para cumplir metas trascendentales para la gente, la prosperidad económica y el ambiente. En todo ello estoy completamente comprometido.

Reducir la pobreza a 8.4% en 2030 (hoy está en 20%) es una meta alcanzable pero tenemos que buscar el cero. Igual debe ocurrir con todos los demás objetivos porque la tarea del Estado y la sociedad tiene que seguir fundamentada en acciones progresivas para lo cual deben darse, como se propone, metas parciales y territorializadas porque las líneas de base no son iguales en las regiones de Colombia. En el Caribe, por ejemplo, tenemos mayores indicadores de atraso en desarrollo humano y competitividad, además de las mayores amenazas ambientales.

Como lo he venido señalando, la región Caribe requiere apalancamientos para crecer más que el promedio nacional porque lo que tenemos nos pone a esperar más de un siglo para equilibrarnos con el promedio nacional.

En resumen, política, paz y desarrollo sostenible se combinaron en una semana donde he sentido la satisfacción del respaldo que me dieron el domingo mis electores, lo cual agradezco y me compromete más en mi destino de vida en el servicio público.

Cuantificar los objetivos ayuda a cumplir los mandatos pero hay otros que no tienen número y dan la inmensa satisfacción del cumplimiento del deber en función de los ideales que uno tiene. Mi promesa es que buscaré acertar siempre.