Reivindicarnos con las miles de familias colombianas que no cuentan con el servicio de energía en sus hogares, fue y sigue siendo al día hoy, uno de los principales propósitos de nuestra lucha por el desarrollo de las energías renovables en el país. El rezago en el que se encuentran hogares vulnerables por no contar con el servicio público ha mantenido a generaciones sumidas en la injusticia y la desigualdad, superar esta brecha para cambiar el panorama de cobertura es el principal reto de la transición energética.
Con el nacimiento de las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021, establecimos un marco robusto que ha sido el cimiento para los primeros pasos de la transformación sostenible del sector energético, que si bien en los últimos años ha avanzado con la incorporación de Fuentes No Convencionales de Energía (Fnce) al sistema, aún nos mantiene con una amplia distancia en la cobertura eléctrica. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, 3% de la población colombiana no tiene acceso a energía eléctrica, un porcentaje que a la vista parece menor, pero que al revisar en detalle resulta escandaloso. Son más de 450.000 familias las viven en la oscuridad, en pleno siglo XXI.
Más que para reducir las emisiones de gases contaminantes, debido a que Colombia es uno de los países que menos dióxido de carbono emite a nivel mundial, creamos estas leyes para llevar progreso a las familias olvidadas.
Tenemos claro que mitigar la falta de energía en regiones aisladas del país es la senda por la que hay que avanzar para conseguir una verdadera transformación social y económica. Desde campaña, el Presidente Gustavo Petro ha prometido que seguirá promoviendo alternativas energéticas sostenibles para contribuir en la lucha contra el cambio climático; sin embargo, pasar del dicho al hecho demanda costos, uno de ellos la moderación y unificación de un discurso de campaña que hoy choca con la realidad.
Que ministros de un mismo gobierno mantengan puntos de vista distintos sobre lo que será la transición y el futuro del sector de los hidrocarburos, contribuye a un ambiente de incertidumbre y ambigüedad. Un mensaje negativo y contradictorio, en medio del desarrollo de los diálogos regionales del Ministerio de Minas y Energía para la construcción de la hoja de ruta de la transición energética, con los que se busca generar consensos que no vemos actualmente en el ejecutivo.
Una hoja de ruta que ignore al sector petrolero, su realidad e impacto, nos conduciría al precipicio. En este punto, es menester tener en cuenta las lecciones que se están dando en otros países, que hoy sufren las consecuencias por el radical abandono de los combustibles fósiles. No podemos satanizar actividades productivas que son fundamentales para las economías y para brindar oportunidades de adaptación.
Solo podremos hablar de una “transición energética justa” el día en que todos los colombianos tengan acceso a la energía eléctrica y paguen una tarifa razonable. Para lograrlo, tenemos que remar juntos en el mismo sentido. De lo contrario, solo será un discurso más del gobierno de turno.
Publicado en: La República
