La búsqueda de alternativas para que los usuarios de la Costa Caribe no tengan que seguir asumiendo desproporcionados costos en la tarifa de energía, ha congregado a las fuerzas vivas de la región con las que, de manera unánime, solicitamos al Gobierno Nacional intervenir el acelerado aumento en los precios del servicio.
Siendo la región que acumula la mayor inflación anual en el país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las primeras siete ciudades más golpeadas son de la Costa Atlántica, encabezada por Santa Marta que registró un indicador de 12,63 %, superando en 3,56 puntos porcentuales al nacional que fue 9,07 %, el impacto del incremento tarifario sobre el costo de vida de las familias está resultando devastador.
De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), durante el pasado mes de abril, el mayor aumento del kilovatio, en Colombia, lo registró la empresa Air-e, con un incremento del 35,2 % frente a mayo de 2021. Un kilovatio que triplica la media nacional. Lo insólito es que en el mes de abril, el precio promedio ponderado de bolsa fue de 145.66 COP/kWh un decrecimiento del 36.51% con respecto al promedio del mes anterior, según informó el operador del mercado, XM. Es decir, que si seguimos así, en unos meses, cuando llegue la temporada de sequía y los embalses empiecen a disminuir, tendremos unas tarifas exorbitantes e impagables.
El castigo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) le ha impuesto a los usuarios de las empresas Afinia y Air-e, con la autorización del cobro retroactivo por pérdida de energía, es un atentado contra el desarrollo económico y el bienestar social de la región. Es absolutamente reprochable y un abuso la metodología autorizada por la CREG en las resoluciones 024 y 078 de 2021. También, que pese a que este régimen transitorio especial en materia tarifaria se establece para actividades de distribución y comercialización, en el caso de Air-e se viene realizando sobre la Tarifa Plena.
No nos sorprende que la CREG, una entidad que siempre le ha dado la espalda a la Costa Caribe, siga diseñando fórmulas que no tienen en cuenta el impacto que causan en las poblaciones más vulnerables, así como tampoco el fuerte deterioro económico que ha sufrido la región. Es injustificable que los usuarios, además de tener un servicio deficiente con intermitencias, tengan que pagar por el robo de energía y por la deteriorada infraestructura del sistema de distribución.
Las alertas están encendidas, con la esperanza que el Gobierno Nacional entienda que es la hora de evaluar alternativas. Junto a los mandatarios de las ciudades y municipios de la Costa, gremios y todos los sectores, estamos enfocando nuestros esfuerzos para que se logren establecer acuerdos y mecanismos para la creación de un régimen tarifario para el Caribe. También, llamamos la atención de los candidatos presidenciales a no perder de vista esta problemática y comprometerse con soluciones direccionadas a garantizar la prestación del servicio con tarifas razonables, que no vayan en detrimento de las economías de los hogares y las empresas de la Costa.
