La galopante crisis climática está impactando de manera negativa a la industria agrícola mundial, desencadenando una serie de complicaciones que podrían, en el corto plazo, afectar la producción y la seguridad alimentaria en los países. A este escenario, en el nivel local, se suman los desafíos que enfrenta el agro colombiano debido al rezago en el que por años se ha mantenido al sector, situación que añade mayor complejidad y resistencia al cambio.
El panorama que presenta la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) es alarmante. Según la agencia de las Naciones Unidas la alimentación de la población mundial requerirá un aumento del 60 por ciento de la producción agrícola total. Y eso no es todo, se proyecta que en las próximas décadas, para los países de bajos ingresos, donde la capacidad de adaptación es débil, aumenten los riesgos climáticos a los cultivos, la ganadería y la pesca.
Un claro ejemplo que nos indica a lo que estamos expuestos, si no transitamos hacia una agricultura adaptada al cambio climático, lo presenta el estudio del Programa de Investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), que encontró que el área apta para el cultivo de arroz en Colombia podría reducirse de cuatro millones a 1,8 millones de hectáreas hacia el 2050, es decir, un 60 por ciento, si se siguen usando las mismas prácticas tradicionales de siembras.
Está más que claro que la realidad actual exige una transformación profunda de la actividad agropecuaria en el país, que conduzca a incrementar su capacidad adaptativa. Para ello, es crucial alinear el campo con el desarrollo sostenible, a través de nuevos modelos de producción, uso eficiente de la tierra, protección de los ecosistemas que ayuden a catapultar el sector, aumentando su productividad, su participación en la economía nacional, y en la canasta exportadora.
Para renovar una visión optimista acerca de nuestro futuro agropecuario necesitamos la construcción de nuevas políticas públicas que nos dirijan hacia una agricultura sostenible y adaptada al clima, construidas con la participación del sector privado, la academia, los organismos internacionales, y los campesinos. También, es clave priorizar la investigación agrícola, para generar conocimientos, identificar opciones de adaptación para los pequeños productores rurales colombianos y tomar mejores decisiones basadas en la ciencia. El restablecimiento de la confianza y la competitividad del agro solo se dará cuando se priorice el campo con políticas y programas adaptados a la nueva realidad mundial.
Pasar de la agricultura convencional a una autosuficiente y sustentable, con la que se garantice la seguridad alimentaria y se promueva la conservación, protección y el cuidado de los recursos naturales, es uno de los mayores retos que tenemos como país. Innovar en el campo, a través de prácticas sostenibles, debe estar entre las principales prioridades del próximo gobierno.
