Una de las graves consecuencias, que poco se menciona en el listado de afectaciones que dejó Hidroituango, por su no entrada en operación en diciembre de 2018, corresponde al descontrolado aumento en las tarifas de energía de la Costa Caribe. Historia que podría repetirse una vez más, pero con peores efectos, si se incumple con el compromiso de iniciar operaciones en el segundo semestre de 2022.
No recibir durante tres años el aporte de 26% (3.460 GWh) de la demanda de energía, que debía entregar Hidroituango a la Región Caribe, ha resentido la economía de los usuarios. Al no tener cubierto el mercado con contratos de energía firme, los departamentos del Caribe han estado expuestos a la manipulación y especulación de las generadoras, que venden la energía en bolsa a precios inflados. Una situación que podría desencadenar nuevos aumentos entre 16% y 30% en el costo de la energía.
El malestar social que se está presentando entre los usuarios de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde opera la empresa Air-e, no es para menos. Este último semestre, los recibos subieron 9,8% (residencial y comercial) que pasó de $500 KWH a $626 KWH; y en 5% (industrial), después de que se hicieran efectivos las alzas en las tarifas de energía, establecidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), mediante las resoluciones 024 y 078 de 2021.
Sin embargo, en sus reclamos y denuncias, algunos afectados señalan incrementos de más de 70% en los recibos, además de persistentes fallas en el servicio y deficiencias en la calidad. El reciente fallo fiscal en segunda instancia emitido por la Contraloría en el caso Hidroituango, que ratifica la responsabilidad fiscal de 26 personas, entre naturales y jurídicas, y el Consorcio CCC Ituango (integrado por Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H.), ha añadido incertidumbre sobre el futuro del proyecto. Aunque respetamos la decisión del ente de control fiscal, nos preocupan las consecuencias que empiezan a presentarse debido al proceso judicial que enfrenta la obra y los intereses particulares que se mueven.
Por ejemplo, los riesgos que supone el cambio de contratistas en un proyecto de esta magnitud son innumerables. Además del tiempo que requiere el proceso de selección, será difícil encontrar un nuevo constructor con la idoneidad, capacidad y experiencia suficiente para culminar 15% de la obra que está pendiente. Por otro lado, existe la preocupación de que se agraven los problemas con la licencia ambiental.
Si bien EPM ha intentado calmar las aguas diciendo que tiene un plan de contingencia para que el proyecto continúe su operación en caso de que se retire el contratista, y está tomando decisiones como el desarrollo de un esquema de pago anticipado voluntario por el valor de toda su deuda al BID, todavía sigue sin convencer. Es que los múltiples retos y riesgos que plantea esta nueva situación podrían superar las capacidades internas de EPM, exponiéndonos al desabastecimiento.
En medio de esta encrucijada, todos los esfuerzos deben centrarse en la culminación de la megaobra hidroeléctrica. La gran urgencia en primer lugar es proteger la vida de las comunidades de la zona de influencia del proyecto en el Bajo Cauca Antioqueño y más allá, aguas abajo; y en un segundo renglón garantizar la seguridad y continuidad ininterrumpida de la obra, de tal forma que se logre aclarar el panorama del futuro energético de Colombia, especialmente de la Costa Caribe, que se encuentra asfixiada y maltratada por los abusivos cobros.
Publicado en: La República
