Frente a Electricaribe la Costa Norte colombiana va a completar un viacrucis de casi tres lustros, dos de ellos bajo un absoluto silencio con la complicidad de las autoridades de control que nunca le exigieron lo que debían desde el principio.
Lo de la empresa distribuidora, dada la naturaleza de la operación de compra y de adquisición de los activos del servicio eléctrico regional, nació torcido y empeoró cuando la mayoría accionaria llegó a manos del grupo español Gas Natural Fenosa.
La cadena soltó eslabones en el segundo semestre de 2013, al estallar una crisis en el sistema de la Subestación Eléctrica 20 de julio de Barranquilla que desveló graves problemas en la infraestructura de la empresa. Era Ministro de Minas y Energía el economista de La Guajira, Amylkar Acosta Medina.
Se diseñó y comenzó a ejecutarse el denominado Plan5Caribe, que anunció inversiones del orden de los 4 billones de pesos para recuperar el sistema y garantizar un servicio óptimo en los siete departamentos del Caribe continental.
El Ministerio de Minas y Energía se dedicó a hacer las contrataciones que le correspondían, mientras que Electricaribe evadió cumplir lo que le tocaba por mutuo acuerdo. Así lo corroboraron los gremios de la Costa Caribe que tenían a su cargo el monitoreo y supervisión del Plan.
Al tener un cronograma de obras incompleto, lo lógico era que se desatara el caos que en los últimos cuatro años ha venido empeorando día tras día, al punto que la protesta social en calles y vías interdepartamentales son una constante en la Región y en algunos momentos ha llegado a cobrar vidas humanas.
Electricaribe durante el gobierno de los españoles estuvo jugando siempre a la mentira que obraba como el búmeran, lanzando promesas que no se cumplían y regresaban al punto de partida crítico en perjuicio de la comunidad objeto del servicio.
Además de la política del búmeran, Electricaribe se congració con la aplicación de la ley del embudo. Lo ancho era recaudar para sí los subsidios del Estado hacia los más pobres, no acometer los proyectos que debía con esos dineros ni modernizar el resto de la infraestructura para los sectores de población de mayores ingresos. Además, al saturar los ingresos de la empresa con la exposición en bolsa se justificaba una supuesta incapacidad para las inversiones, así como el alto costo de la tarifa al usuario.
Me parece oportuno recordar el significado oficial de las dos palabras que enmarcan mi columna de esta semana. Boomerang, arma arrojadiza que, cuando no da en el blanco, vuelve al punto de partida, según la Academia Española. Es una voz inglesa incorporada al español con dos acentuaciones, ambas válidas, Búmeran o Bumerán.
El embudo es definido por la Real Academia Española, RAE, así: m. Instrumento hueco, ancho por arriba y estrecho por abajo, en forma de cono y rematado en un canuto, que sirve para trasvasar líquidos. De este recipiente se deriva la frase Ley del Embudo, para señalar la desigualdad con aplicación estricta a unos y ampliamente a otros.
El tiempo nos ha demostrado que el búmeran se les devolvió a los administradores españoles poniéndolos al descubierto. La ley del embudo que siempre miró su conveniencia en detrimento del usuario regional, terminó por desenmascarar la patraña urdida por los inversionistas extranjeros.
Todo lo cual derivó en un proceso de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, que al completar cuatro meses de gestión determinó la liquidación de la empresa y el consecuente proceso para la selección de un nuevo operador regional.
La intervención y la situación actual nos indican que se han venido corrigiendo problemas que eran un lastre pesado, pero desafortunadamente haber cambiado de manos solo repite la acción del búmeran que regresa cargado de ineficiencias en el servicio eléctrico, con la aceptación de las actuales directivas de que no mejorará a corto plazo.
La mala calidad del servicio de Electricaribe es la peor desgracia que le puede estar ocurriendo hoy a la comunidad residencial y productiva de la Región. Nada más nefasto. Por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos tres días en Barranquilla colma toda la paciencia posible. Sin derecho a pensar en una realidad distinta. El búmeran se soltó y regresó golpeando más duro.
Para colmo de males la semana pasada apareció en los medios informativos el señor José Rodrigo Dajud Durán, director comercial de Electricaribe, anunciando que “la empresa iniciará desde el primero de mayo un período de suspensiones de energía concertadas en 25 barrios de la Costa que tienen redes eléctricas subnormales (artesanales), con el objetivo de que sus habitantes aprendan a optimizar el consumo de energía y cumplan con el pago de la factura”. (Cita tomada de El Heraldo).
Retorna la ley del embudo. A Electricaribe con los españoles no le autorizaron nunca esa medida, ahora sí pero en contra de los más pobres. A las entidades territoriales y a las empresas sociales del Estado y a los colegios los dejan por fuera. Lo ancho para unos y lo angosto para los sectores vulnerables.
Me parece que la Superintendencia de Servicios Públicos le debe al Congreso de la República las explicaciones pertinentes y pediré esta semana que nos las entregue a Senadores y Representantes porque la situación social de la Región se agrava peligrosamente. Por favor escríbame a jname@josename.com