Los destacados avances en la incorporación de las fuentes renovables al sistema energético nacional, emiten luz verde para continuar impulsando su desarrollo desde las ramas del poder público, exigiendo que se redoblen esfuerzos para la consolidación de un nuevo mercado sostenible, confiable y eficiente que acelere la modernización del sector y su masificación.
La nueva posición de Colombia, 14 puestos arriba, en el ranking de sostenibilidad energética del Consejo Mundial de Energía (WEC por su sigla en inglés), que nos lleva del lugar 49 al 35, reconoce el trabajo interinstitucional e intersectorial que hemos adelantado como país para avanzar en la transformación energética. Escalar del sexto a los primeros lugares entre los países de América Latina y el Caribe vendrá como resultado añadido si continuamos apostándole al desarrollo de generación limpia con fuentes resilientes al cambio climático.
Uno de los indicadores de que Colombia se encuentra en un punto crucial para el avance de las renovables es el creciente interés de empresas privadas y personas naturales por desarrollar proyectos de generación eléctrica a menor escala. Además, de la ascendente cifra de familias conectadas con energía solar, que se ubica por encima de las 10.000. Sin restarle importancia a las posiciones o reconocimientos que se alcancen en el camino, el Gobierno debe enfocarse en el fortalecimiento de la política energética para masificar la electrificación en áreas rurales a través de fuentes no convencionales.
Cuando diseñamos la Ley 1715 de 2014, identificamos los elevados costos de estas tecnologías como una de las principales barreras para su implementación, por ello, concebimos los beneficios tributarios a las inversiones en Investigación, Desarrollo e Implementación de las energías renovables, como ese primer impulso para el crecimiento del sector. Aunque el proceso de reglamentación ha tomado más tiempo del previsto, los avances de la Ley se han empezado a mostrar en el sentido que nos propusimos. Sin embargo, es esencial que la UPME como autoridad competente, dinamice los procesos de evaluación y certificación de las iniciativas para evitar represamientos y congestiones que deriven en un estancamiento.
Impulsar los proyectos de generación in-situ es clave para entrar en una nueva etapa de descentralización y masificación de las energías renovables a pequeña escala. Con la reciente adquisición que hizo Greenwood Energy Latinoamérica de Libra Group de la empresa colombiana 2C Power para atender la generación distribuida de energía en el país, se ratifican las oportunidades de crecimiento que se están presentando en el sector y la urgencia que existe de estimular proyectos de autogeneración para fortalecer la participación de los consumidores, logrando así el cumplimiento de uno de los objetivos principales de la Ley 1715, que establece que todos los usuarios que generen su propia energía, sin discriminar su naturaleza o escala, puedan tranzar libremente sus excedentes.
Para lograr una expansión de la capacidad instalada de energías no convencionales y un modelo eficiente de transición energética, es instrumental el destrabar los proyectos de generación sostenible que se encuentran frenados por dificultades en los procesos de licencias ambientales, consultas previas y gestión de predios. Sería sumamente perjudicial alcanzar un punto de estancamiento justamente cuando nos encontramos en esta etapa de reactivación económica.
Todo lo anterior nos exige agilizar la implementación de la hoja de ruta para la modernización y transformación del sector eléctrico, que el Gobierno Nacional se encuentra ajustando de acuerdo a las recomendaciones entregadas por la Misión de la Transformación Energética, a comienzos de este año. Contar con una política robusta para la generación, transporte, distribución y comercialización de la energía en Colombia, es fundamental para seguir avanzando en la consolidación y masificación de una infraestructura energética confiable y sostenible.
