Después de meses de espera, esta semana pudimos conocer el primer informe de la Misión de la Transformación Energética, conformada por expertos nacionales e internacionales, quienes estudiaron y analizaron a profundidad la realidad actual del sector energético, para darle al país las bases que se necesitan para la modernización del mercado.
Como era de esperarse, las recomendaciones, que hoy se encuentran en etapa de discusión y revisión, sugieren importantes cambios para este sector. Unos más complejos que otros pero que sin duda, deben ser estudiados de manera exhaustiva para que estén verdaderamente ajustados a su propósito de entregarle a los colombianos una matriz más sostenible que asegure la disponibilidad de energía ante la creciente demanda y que nos conduzca a convertirnos en una potencia energética.
Tenemos claro que este proceso de transición energética no se va a lograr de la noche a la mañana, son muchos los caminos que se deben recorrer para llevar al país a una revolución energética, por ello celebramos que se estén dando estos pasos para sentar las bases de las reformas que se deben realizar en el sector, la mayoría muy distantes a las de nuestro actual sistema, que evidentemente requiere de grandes cambios estructurales para ser más competitivo.
El bloque de propuestas encaminadas a la modernización de la regulación y la institucionalidad que presentó la Misión, es acertado al estar centrado en 5 focos, divididos de la siguiente manera: la competitividad, participación y estructura de mercado; el rol del gas natural en la transformación energética; la descentralización, digitalización de la industria, y gestión eficiente de la demanda; el cierre de brecha, mejora de calidad, y diseño y formulación eficiente de subsidios; y la revisión del marco institucional y regulatorio del sector. Sin embargo, llama la atención que no exista un documento que articule estos 5 focos, donde se determine la interfase para adoptarlas, teniendo en cuenta que el mercado energético es un gran sistema.
Entre las propuestas que han generado mayor debate, por los cambios que suponen, están: el nuevo diseño de tarifas reguladas para usuarios finales, la reforma a los subsidios y la modificación de las funciones de la Creg, la Upme y XM. Por ejemplo, en los subsidios, las conclusiones sugieren una disminución de la población beneficiada, basados en dos críticas: que los subsidios no están focalizados a la población de menores ingresos y que concentra el 90% de hogares colombianos al darse a los estratos 1, 2 y 3. Premisas que deben ser revisadas con cautela porque en este caso no se pueden ignorar dos realidades: 1) la alta concentración de riqueza en Colombia y 2) que para el Director del DANE cualquier colombiano con ingresos mensuales superiores a los $450.000 pertenece a la clase media, es decir, que hay que ir más allá de los datos.
En dos documentos de la Misión, se promueven medidas para la eficiencia y transparencia del sector (focos 1 y 5), que de ser exitosas, reducirían los costos en el servicio de energía eléctrica, provocando una menor necesidad de subsidios. Por tanto, las transformaciones sugeridas para los subsidios podrían ser menos drásticas a las propuestas. En caso contrario, si se inician con las reformas en materia de subsidios, bien sea a la par de otros cambios regulatorios o sin ellos, presionados por el déficit fiscal, causaría mayores descontentos a los manifestados hoy en las protestas y marchas ciudadanas, generando así una mayor crisis institucional y social.
Por otro lado, es acertada la identificación de las debilidades del actual de cargo por confiabilidad que describen los miembros del Foco 1, entre ellas están: que mejora el incentivo para que los grandes proveedores ejerzan poder de mercado unilateral en el mercado de energía a corto plazo cuando surgen condiciones críticas del sistema; que ha dado lugar a mayores costos para los consumidores y a reducir los niveles promedio de agua, sobre todo durante periodos de El Niño; y por último, que la certeza de los ingresos proporcionados por el mecanismo de cargo por confiabilidad reduce el incentivo de los proveedores para vender contratos a largo plazo de precio fijo para energía y para comprar y vender otros instrumentos de cobertura. Todo esto en sintonía a lo que por muchos años he denunciado: que la falta de precisión en la regulación es la causante de que el cargo por confiabilidad no cumpla con su cometido y que a su vez genere un incumplimiento no sancionado.
Participar en la construcción de este crucial reto de transformar el futuro energético del país, me llena de orgullo y de muchas expectativas porque somos un país tan rico en recursos naturales, que no debería tener las dificultades que tiene en el sector eléctrico. Desde hace mucho tiempo necesitamos una nueva política en la forma cómo se genera, transporta, distribuye y comercializa la energía en Colombia, es fundamental seguir avanzando en este proceso y revisar a conciencia y en detalle una a una las propuestas de la Misión de la Transformación Energética para que los resultados de este importante estudio no se queden en el papel y en el momento, sino que se logre la implementación de las reformas que requiere el sector.
Ver que la lucha que he liderado durante estos años para lograr que en nuestro país se diversifique la matriz energética a través de proyectos de generación provenientes de fuentes renovables, hoy tiene como aliado al Gobierno Nacional, me lleva a reafirmar este compromiso de seguir trabajando por darle a los colombianos un sector eléctrico moderno acorde a las necesidades del mercado.
