Los aumentos en las tarifas de energía eléctrica están haciendo un hueco en los bolsillos de las familias colombianas, especialmente las de la Costa Caribe, quienes además de contar con un pésimo servicio por cuenta de Electricaribe, han sido golpeadas por desproporcionados incrementos reflejados durante estos últimos meses en los recibos de energía.

El maltrato al que hemos sido sometidos los usuarios de la región Caribe con los altos precios en las tarifas de energía y gas, es injustificable. El simple hecho de tener un operador (Electricaribe) con una alta exposición en Bolsa, nos ha colocado en desventaja exponiéndonos a repentinas alzas por no tener cubierto el mercado con contratos bilaterales, lo que nos hace depender de la bolsa. Posición que ha permitido que se produzca un abuso sistemático contra millones de familias de la Costa.

Situaciones como la no entrada en operación de Hidroituango, que debía aportar el 26% de la demanda de energía de la Región Caribe para el 2019, la falta de inversión de Electricaribe en las redes de transmisión, la caída en los niveles de los embalses a causa de la temporada de sequía, han servido como justificación para elevar los costos del servicio. A esto hay que añadirle el aumento de 4 pesos por kilovatio hora a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 con el que se busca garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica de empresas intervenidas.

Además de la tragedia que significa Electricaribe con su mal servicio y alto costo para la región, tenemos la nueva preocupación que supondría perder la autosuficiencia energética del país debido a las bajas reservas de gas natural para los próximos años. Lo que se traduciría en un nuevo golpe para la economía de los colombianos.

Si bien la escasez de gas natural ha sido una incertidumbre que ha rondado por mucho tiempo en el sector energético de Colombia, inquieta que la solución anunciada por la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, para cubrir la demanda del país en el año 2024, sea la construcción de una planta de regasificación en Buenaventura con un costo aproximado de US$600 millones, los cuales según indicó la funcionaria serían pagados por los colombianos en sus facturas de servicios públicos. Otra solución a costa de los usuarios.

En lugar de seguir sumando nuevos cobros a los colombianos, el Gobierno Nacional debe buscar proteger a los usuarios, que ya no resisten otro aumento en los servicios públicos. Estamos de acuerdo en que se busquen alternativas ante la amenaza de escasez de gas natural, también en implementar nuevas medidas para mejorar el servicio de Electricaribe, en lo que no podemos estar de acuerdo es en que siempre se encuentre la solución en el bolsillo de los ciudadanos.

Somos un país rico en recursos naturales, que debe centrarse en las energías renovables de fuentes no convencionales para mantener una autosuficiencia energética sostenible, que debe avanzar en el desarrollo de la industria Offshore e iniciar el desarrollo de los proyectos pilotos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales para de esta forma asegurar el abastecimiento de gas y petróleo.

Está claro que no podemos arriesgarnos a perder la autosuficiencia energética del país pero no se debe seguir castigando a los colombianos con regímenes tarifarios que lesionan gravemente los intereses de la gente y de sectores estratégicos, arriesgando el desarrollo económico y la estabilidad social. Requerimos medidas que frenen el sistemático abuso al que ha sido sometida la Costa con el excesivo aumento en las tarifas.