Tal como lo expresé a finales de agosto, cuando apenas se conocían las primeras propuestas del proyecto de Reforma Tributaria, sigo ratificándome en mi negativa de votar la denominada "Ley de financiamiento", que podríamos decir tiene un “buen propósito”, el de superar el déficit fiscal calculado en unos 14 billones de pesos, pero a un costo muy alto para la mayoría de los colombianos.

Mi rechazo a este proyecto de Ley está sustentado en las cifras y los indicadores que expertos en temas económicos han divulgado durante estas dos últimas semanas, donde alertan sobre los efectos negativos que tendría la mencionada ley en el bienestar de la mayoría de los ciudadanos de las clases media y baja, de llegar a aprobarse tal como ha sido presentada por el Gobierno Nacional.

Refieren los expertos que el gran impacto de la propuesta que busca ampliar la base de tributación del IVA a todos los productos de la canasta familiar, recaerá sobre las clases media y baja, cuyo poder adquisitivo no tiene la capacidad para soportar esta nueva carga.

A manera de ejemplo la Encuesta Nacional de Presupuestos en los Hogares, que realiza el DANE, indica que de los 781.242 pesos que reciben los colombianos que devengan el salario mínimo, el 58,8% se destina a servicios públicos, compra de alimentos, transporte, educación y salud, productos que en la actualidad están exentos del IVA.

Teniendo en cuenta esa variable, podemos estimar que una vez aprobada la reforma, ese 58,8% en el gasto de los asalariados con el mínimo tendrá un crecimiento que obligatoriamente generará recortes, por lo general en productos básicos de la canasta, en las raciones alimentarias o en productos para el aseo personal, el vestuario o la educación.

El Diario Portafolio publicó en su edición del pasado jueves, las declaraciones del experto Jeison Pinilla Alzate, en las que expresaba que: "al revisar el texto de la Ley de financiamiento, para que los colombianos puedan adquirir los mismos productos después de la reforma, necesitarían ingresos cercanos a 807.524 pesos, lo que se traduce en un aumento del 3,36%"y que: "al añadirle a este valor la inflación, que se estima en un 3,3%, aumentaría el costo de la canasta familiar un 6,77%”.

Los señalamientos han surgido también desde los sectores de la producción, especialmente de los alimentos y la vivienda, que ven en la estrategia del Gobierno para tapar el hueco de 14 billones de pesos y cumplir con la regla fiscal, un peligro para sus ventas.

La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) que acompañó al Presidente Duque en su campaña está entre las primeras organizaciones que han rechazado el formato de la reforma, indicando mediante un comunicado público que: “Encarecer el precio del huevo, el arroz, el pollo, la carne de res, el cerdo, el pescado, la papa, las verduras, las frutas, las hortalizas, la leche y sus derivados, la panela, el azúcar, el café, el chocolate y los aceites, entre otros, es un camino que afectará directa y sensiblemente el bolsillo de los consumidores de menores ingresos de nuestro país”.

A las voces contradictorias a la reforma se han sumado organizaciones especializadas en la medición de consumo de hogares, como Raddar, que plantea escenarios como el especulativo y sin control alguno que aumentaría sus precios por el efecto IVA sin reportar su recaudo e incluso el de los pequeños comercios informales que sin pagarlo al mayorista, también informal, entraría a cobrarlo generando el doble efecto negativo sobre el consumidor que pagaría más y sobre el Estado que no recibiría el tributo.

También lo han hecho expertos en macroeconomía como el excodirector del Banco de la República, Salomón Kalmanovitz, y el exministro de Hacienda, Guillermo Perry, que ven como poco eficaz y muy riesgosa la decisión de bajar los impuestos a las empresas, so pretexto de buscar la creación de más empleos. Y ni que decir del retorno del IVA a la gente de menos recursos, mediante un mecanismo aún no muy claro.

Por todo lo anterior, tal como lo he manifestado, pero sin colocarme en la posición de opositor a ultranza ni como francotirador contra el gobierno por el cual voté y sigo respaldando, porque consideró que de su éxito depende el bienestar de los colombianos, me niego a votar la reforma tributaria con esos contenidos lesivos para nuestra economía, pese a que busca superar el déficit fiscal, dado que soy un convencido de que "El fin no justifica los medios".