El aumento de colombianos registrados en las distintas redes sociales ha arrastrado consigo un sinnúmero de víctimas de difamaciones en las distintas plataformas. Cada día son más las personas inocentes a las que les han destruido su reputación por la divulgación de informaciones falsas en internet, ocasionándoles perjuicios personales y profesionales que atentan directamente contra el derecho a la intimidad, la honra y el buen nombre.
Manifestaba por estos días el reconocido sacerdote eudista Alberto Linero, tras la renuncia pública a su ejercicio pastoral, hecho que generó toda clase de comentarios y memes en las redes sociales, que “Hay gente especializada en acabar con la buena fama, con el buen nombre de los demás” y en su reflexión decía que “Hay que cuidar la dignidad, el buen nombre, la imagen de los demás” y señalaba además que “De lo más dañino que hay en las redes sociales es esa actitud de querer destruir la dignidad de los otros, de querer dañar el buen nombre de los demás”.
Este caso lo traigo a colación, para ilustrar uno de los tantos episodios que se ventilan de manera injuriosa y calumniosa en internet, a través de las redes sociales, en su gran mayoría al amparo del anonimato que facilitan los alias o las suplantaciones, bajo la protección de la impunidad que permite la falta de una legislación que combata con firmeza esos abusos.
Una muestra de los desenfrenados e injustos ataques contra el buen nombre de las personas en las redes sociales en Colombia, se refleja en las cifras reportadas en el 2017 por el Centro Cibernético Policial que indicaban que desde el 2014 hasta el 8 de agosto de 2017 se habían tramitado 3.653 reportes de injuria y calumnia a través de redes sociales, datos correspondientes a un subregistro, debido a que mucha gente no reporta ni denuncia estos ataques. Por otro lado, según las cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco), durante ese mismo año solo se formalizaron 602 denuncias por injuria y 287 por calumnia en redes sociales ante la Policía Nacional.
Tales hechos atentan abiertamente contra derechos fundamentales, como lo son el derecho a la intimidad, la honra y el buen nombre. A pesar de esto no existe una Ley con aplicación exclusiva y drástica sobre los abusadores virtuales que vía internet violan las normas constitucionales y el código penal que impone para quienes cometan injuria condenas de hasta 4 años de cárcel y multas de hasta 1.500 salarios mínimos y para la calumnia la condena puede llegar hasta los 6 años de cárcel.
No podemos ignorar que el reclamo de las víctimas de injuria y calumnia en las redes sociales ha chocado en reiteradas oportunidades con los defensores del derecho a la libertad de expresión, quienes con apego a la letra exhortan al cumplimiento de las garantías determinadas por el contenido del derecho a la libre expresión.
Sobre este aspecto, es importante aclarar que el objetivo de nuestra propuesta no es censurar y mucho menos silenciar las opiniones serias y críticas, sino el de proteger de manera oportuna a los usuarios de internet ante publicaciones abusivas que atenten contra sus derechos.
El proyecto de ley que radicaremos en los próximos días en la Secretaria del Senado, tiene como principal objeto crear medidas rapidas que eviten la difusión de informacion injuriosa y que brinde castigo a los abusadores en las redes sociales, quienes de manera caprichosa e infame expresan y reproducen expresiones insultantes, calumniosas e injuriosas contra las personas, sean personajes públicos, del sector privado, del mundo de la farándula o ciudadanos sin exposición en los medios.
Con este proyecto de ley buscaremos brindarle al país esos mecanismos que urgen para ejercer un mayor control sobre la publicación de contenidos en la web, respetando ante todo los límites impuestos por la Corte Constitucional y por los convenios internacionales relacionados con la protección al derecho a la libre expresión, que también es un derecho fundamental y prevalece en la mayoría de situaciones.
Próximamente, estaré contándoles sobre los avances de esta iniciativa en el Congreso de la República, que esperamos reciba el respaldo de las mayorías para que de esta manera podamos garantizarle a los colombianos la protección de su buen nombre en las redes sociales.