Abrazando la bandera de una política energética que condena la producción de hidrocarburos, el gobierno ha mantenido a Ecopetrol en el epicentro de una disputa ideológica que atenta contra su futuro. La reprochable injerencia del ejecutivo en las decisiones de la junta directiva de la petrolera viene minando la credibilidad, rentabilidad e independencia de la compañía más importante del país, que de continuar sometida a pretensiones ideológicas, carentes de sustento técnico no tardará en sufrir las graves consecuencias.

La intervención directa del presidente Gustavo Petro en decisiones estratégicas de la compañía ha contribuido al deterioro del gobierno corporativo, llevándola a una crisis sin precedentes marcada por la renuncia de respetados miembros de su junta directiva. De aquel modelo sólido y ejemplar de gestión, que durante años distinguió a la petrolera estatal, poco queda. La más reciente declaración del primer mandatario, en la que insiste a la petrolera en vender la participación del 50 % que tiene con Occidental Petroleum Corp. (OXY) en Estados Unidos, mediante la explotación del Permian, en Texas, ha encendido todas las alarmas entre los inversionistas y analistas del sector.

El negocio en la cuenca del Permian constituye uno de los mayores aciertos estratégicos de la estatal petrolera en los últimos años. Su participación representa alrededor del 15 % de la producción total de Ecopetrol; las operaciones han logrado costos de levantamiento entre 5 y 6 dólares por barril, muy por debajo de los 12 a 14 dólares promedio en Colombia. Esta diferencia ha sido clave para mantener márgenes positivos incluso en escenarios de precios bajos. De hecho, la operación en EE. UU. aporta cerca del 14 % del EBITDA del segmento upstream y representa 10 % de las reservas probadas del grupo. Esta alianza ha representado una fuente de ingresos fiscales, divisas y confianza inversionista, beneficios tangibles que hoy se encuentran en riesgo por decisiones políticas que desconocen su valor estratégico.

Una eventual venta de este activo, además de impactar la estabilidad financiera de Ecopetrol y, por supuesto, afectar los ingresos fiscales del país, implicaría una pérdida estimada de 189 millones de barriles equivalentes en reservas y una reducción de hasta el 15 % en su producción diaria. Expertos del sector advierten que, sin Permian y sin nuevos hallazgos, estamos abocados a perder nuestra autosuficiencia en 5 años.

La ideología del gobierno no puede imponerse por encima de la lógica empresarial ni de los principios que rigen a una compañía que pertenece a todos los colombianos. Es absurdo convertir la transición energética en la excusa para debilitar los instrumentos que la financian, olvidando que los recursos provenientes de operaciones rentables como la del Permian son los que permiten invertir en hidrógeno, energía solar y tecnologías limpias. Ecopetrol ha demostrado que puede combinar rentabilidad, sostenibilidad y transformación. Pero para hacerlo requiere estabilidad, independencia técnica y una visión de largo plazo. La política debe fijar metas, no escoger pozos.

En momentos de incertidumbre fiscal y energética, Colombia necesita que Ecopetrol siga siendo motor, no rehén, de la política energética nacional; se debe respetar su modelo de gestión independiente.

Publicado en: Diario La República