A través de dicha resolución, se posibilita la modificación de la Fecha de Puesta en Operación (FPO), y se ajustan los esquemas de garantías de los proyectos renovables adjudicados en las subastas de 2019-2021, con el objetivo de asegurar su viabilidad. Todo pintaba bien hasta que se cumplieron los tres meses de plazo para la regulación y nada
de nada. Volvió a relucir la deficiente capacidad operativa de la CREG que por la interinidad de sus comisionados sigue trabajando a media marcha, manteniendo en jaque al país en materia regulatoria.

La CREG debe definir las reglas para la solicitud de modificación de la FPO y las garantías que respalden la utilización de la capacidad de transporte asignada, que serán aprobadas a solicitud del desarrollador. El espíritu de la resolución es salvar los proyectos renovables que se vean comprometidos por retrasos de diversa índole, permitiéndoles ajustes sensatos sin penalizaciones exorbitantes que podrían terminar de sepultarlos.

Brindar seguridad, garantías y claridad son algunas de las obligaciones que sigue incumpliendo el ente regulador con el sector energético.
Con el agotamiento de los tiempos en la regulación, aumentan los riesgos para los proyectos renovables. Razón tienen los expertos del sector, quienes alertan acerca de los terribles efectos que tendrá sobre la Transición Energética, estos retrasos regulatorios en los que ha incurrido la CREG.

Según el presidente de la empresa EGAL, Iván Martínez Ibarra: Se está afectando la credibilidad en el proceso regulatorio y en la capacidad del gobierno para apoyar la transición energética. Esta mora podría resultar en una avalancha de proyectos que no se construirán, lo cual incrementa la desconfianza en este sector y en las instituciones gubernamentales responsables... habrá una fuga inmensa de capitales del sector renovable por mora de la CREG en la Resolución.

En conclusión, un palo más en la rueda de la industria renovable. Aunque el Consejo de Estado ordenó al Gobierno nombrar en propiedad a comisionados expertos de la CREG, y entes de control como la Procuraduría también han insistido en lo mismo, el Presidente Gustavo Petro continúa haciéndose el de los oídos sordos y sigue sin nombrar en firme a los cinco expertos que están pendientes para completar el quórum.

Insólito que la entidad llamada a brindar seguridad jurídica y regulatoria al sector, esté anulada por la falta de decisión del ejecutivo.
Una vez más se deja en riesgo la política pública bandera del Gobierno Nacional. Nos encontramos en medio de una coyuntura energética crítica, que exige una comisión técnica e independiente capaz de brindar soluciones y garantías al sector.