De capa caída se encuentra desde hace varios años la industria del carbón colombiano, con el agravante de no contar, en el corto plazo, con un horizonte de nuevas perspectivas a su favor. El desdén del gobierno Nacional por el sector minero y su resistencia a liderar la conversación sobre un cambio de modelo económico con el apalancamiento de esta tradicional industria, intensifica una crisis que pasa de lo económico a lo social.
El importante peso que continúa teniendo el carbón dentro de la canasta de generación energética mundial lo ubica como un mineral de alto valor de exportación para un país productor como el nuestro, que, de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, posee reservas probadas de 1.500 millones de toneladas y un potencial que supera los 16.500 millones de toneladas. Según datos oficiales, en 2024 se exportaron más de 64,5 millones de toneladas de este mineral (incluyendo térmico, metalúrgico y coque) por más de 7.000 millones de dólares, contrario a lo que afirma el presidente Gustavo Petro, quien dice que ya no se compra carbón.
A pesar de la migración que está registrando el continente europeo hacia el uso de energías renovables, el carbón sigue utilizándose para el consumo de energía en países como China, Japón, India, Indonesia, Vietnam y Filipinas, donde se continúan construyendo termoeléctricas. Las fuertes olas de calor que han afectado a China, Estados Unidos e India han contribuido al incremento de la demanda, de tal manera que en 2024 la generación de electricidad a partir de carbón creció casi un 1% a nivel mundial, alcanzando el récord de 10.700 TWh.
Factores de coyuntura mundial como la volatilidad de los precios en el mercado internacional, el incremento en los costos logísticos, así como las constantes talanqueras locales plagadas de cargas tributarias e incertidumbre, las nuevas iniciativas regulatorias impulsadas por el gobierno y sus decisiones improvisadas, están impactando a la industria nacional, restándole competitividad. Ni que decir de los problemas de orden público y seguridad que se han multiplicado en los últimos meses, causando largas parálisis con millonarias pérdidas para el sector.
Es imposible negar el importante aporte que la industria carbonífera ha realizado al país durante años. Por ejemplo, los recursos entregados al Estado por la producción de carbón durante 2023 fueron de $13 billones, un monto difícil de reemplazar en el corto plazo. El caso de La Jagua de Ibirico, municipio del Cesar que aún no supera los fuertes estragos económicos y sociales que desencadenó el cese de actividades de la empresa Prodeco en 2021, donde se perdieron alrededor de 5.000 empleos, es una muestra del grave error que significa sepultar esta industria.
Desconocer el valor estratégico del carbón en la transición energética, la economía nacional y el mercado mundial es un terrible error. Las empresas mineras más importantes del país están reduciendo su producción anual, principalmente por la incertidumbre normativa, la falta de oportunidades y la ausencia de planes del gobierno Nacional para su recuperación. El camino correcto es impulsar el desarrollo de una operación carbonífera rigurosa y la ejecución de procesos productivos que aseguren la salvaguarda y cuidado del medio ambiente, para así avanzar en la transición energética con garantías y respaldo.
Publicado en:
